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“La corrupción de nuestro
tiempo, globalizada y en contubernio con el sector privado se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, en la medida que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas”, escribió en el prólogo del reporte el defensor del Pueblo Wálter Gutiérrez Camacho. Líneas después, el funcionario plasmó una realidad impactante: ese dinero “serviría para alimentar largamente a todos los pobres del país”.De hecho,
como lo publicó en Twitter la entidad que dirige, con la plata que se lleva el desfalco a las arcas públicas
se podría financiar por tres años los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para las personas en situación de extrema pobreza.Esto se suma a la carga que representa para el Ministerio Público y el Poder Judicial:
hasta el 31 de diciembre de 2016 había 32.925 casos relacionados con corrupción cursando en la justicia. Una cifra que contrasta de golpe con las 1.284 sentencias que logró la Fiscalía en primera instancia durante el año pasado, de las cuales el 83% son condenatorias. Del total de expedientes que están en proceso, casi el 40% (12.848 casos) están en la fase de diligencias preliminares, cifra seguida por el 15,6% (5.162 casos) que se encuentran en la investigación preparatoria formalizada, dice el informe.Odebrecht, la punta pequeña del icebergAhora, también sorprende que de los casi 33.000 casos, apenas 27 están relacionados con Odebrecht, aunque el escándalo todavía esta fresco en la memoria del país y de las autoridades. La constructora brasileña h
a admitido haber entregado 29 millones de dólares en sobornos para funcionarios de Perú. “Del total de casos relacionados a Odebrecht, más del 48% está en etapa de investigación preliminar, mientras que en más del 18% se ha formalizado la investigación preparatoria”, indicó la entidad.El defensor definió la corrupción como “una lacra que hace mucho se ha institucionalizado, echando raíces profundas en todas las instancias del aparato estatal”.